Cuestionan desde el Gobierno la insólita demora judicial

La Secretaría Legal de la provincia advierte sobre una «dilación innecesaria» del Superior Tribunal, que mantiene suspendida por pedido de dos abogados hace un año la elección de convencionales, avalada por la Legislatura y el Ejecutivo.

Desde el Gobierno de Tierra del Fuego, la postura es clara: el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha incurrido en una «dilación innecesaria» al no resolver, en casi un año, la medida cautelar que paralizó el proceso electoral para reformar la Constitución provincial. María Ángeles Arroyo, secretaria de Coordinación Legal de la provincia, sostuvo que la demora «desnaturaliza el sentido de las cautelares» y afecta gravemente el funcionamiento institucional.

«Estamos a punto de cumplir un año de la vigencia de la medida cautelar sin avanzar en la resolución de la cuestión de fondo», señaló Arroyo en diálogo con FM Ushuaia. La funcionaria recordó que tanto la Legislatura, con una mayoría agravada, como el Ejecutivo provincial cumplieron con los pasos legales para convocar a la elección de convencionales en diciembre de 2023. Sin embargo, un recurso presentado por el abogado Paulino Rossi y el legislador Jorge Lechman logró que el STJ frenara el proceso en solo 30 horas.

Lo llamativo, según Arroyo, es que, tras esa rápida intervención, el tribunal no avanzó en el análisis de fondo. «La vigencia de una medida cautelar debe ser acotada y al menos haber avanzado en la cuestión de fondo para resolver definitivamente», argumentó.

Además, cuestionó la falta de claridad sobre el «riesgo inminente» que justificaría la suspensión: «El Poder Judicial ya expresó que el acto era válido, que la firma era válida. No sabemos bien cuál sería el riesgo inminente».

La demora se agrava por las sucesivas recusaciones presentadas contra los jueces. Arroyo destacó un dato clave: la jueza María del Carmen Bataini presentó su descargo el 21 de mayo, pero el STJ no avanzó en su tratamiento. «Es llamativo que no haya resolución ni impulso desde esa fecha», afirmó. Para el Gobierno, estas maniobras buscan «obstruir la resolución final» y representan una «injerencia indebida» del Poder Judicial sobre los otros poderes.

«La división de poderes es la base de nuestro principio republicano», remarcó la funcionaria, pero advirtió que la inacción judicial afecta no solo al Ejecutivo, sino también al Legislativo, que aprobó la ley con los requisitos constitucionales. «Es un disparate que un sector decida si podemos ir a votar o no», agregó, en lo que ya se califica como un escándalo antidemocrático.

Ante la falta de plazos definidos, el Gobierno agotó todas las herramientas legales para impulsar una resolución, incluyendo pedidos de pronto despacho y recusaciones. «Confiamos en que el STJ avanzará rápidamente», afirmó, no obstante, Arroyo, aunque reconoció que la demora ya es excesiva. La gravedad institucional, subrayó, radica en que «la expresión del pueblo» sigue postergada por una disputa judicial que, según el oficialismo, carece de fundamentos sólidos.

Mientras tanto, la pregunta sigue vigente: ¿Qué riesgo hay en que los fueguinos voten? Para María Ángeles Arroyo, la respuesta es contundente: «Pareciera que hay miedo a escuchar lo que la ciudadanía opina».