A una Justicia ya cuestionada por su desconexión con la realidad social se le suma un nuevo escándalo: los jueces del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego intentaron otorgar incrementos salariales del 10% y 20% a los cargos jerárquicos del Poder Judicial. La medida, aprobada mediante la Acordada 236/2025, provocó un fuerte malestar entre los trabajadores judiciales, que respondieron con un paro total de 48 horas y un acatamiento casi unánime, forzando al Tribunal a dar marcha atrás.
El beneficio beneficiaba al Prosecretario, Administrador, Subadministrador y Jefes de las áreas Contable, Personal y Haberes, Contrataciones y Tesorería, quienes iban a percibir un adicional por responsabilidad del 20%, mientras que los subjefes recibirían un 10% adicional.
Sin embargo, el repudio fue inmediato. Desde la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) denunciaron una “doble vara escandalosa” del Superior Tribunal, recordando que “la mayoría del personal recibió un aumento del 2,5% irrisorio e insuficiente, mientras los altos cargos se autootorgaron un 20%”.
“El Superior Tribunal firmó la acordada entre gallos y medianoche, ignorando la crisis económica que vivimos los trabajadores”, señalaron desde el gremio. “Esta decisión confirma que el Tribunal aplica criterios injustos, inequitativos y discriminatorios”, añadieron.
Ante el rechazo generalizado y la paralización del servicio de justicia, el Superior Tribunal se vio obligado a retroceder. En un comunicado oficial, los jueces María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume, Javier Darío Muchnik, Ernesto Adrián Löffler y Edith Miriam Cristiano informaron la suspensión de la Acordada 236/2025, justificando la decisión en la necesidad de “profundizar el análisis” y “continuar el diálogo con los gremios”.
“A los fines de profundizar el análisis de las cuestiones planteadas por las diferentes agrupaciones sindicales que representan al personal del Poder Judicial, el Superior Tribunal proseguirá el diálogo en la mesa de trabajo”, señala el texto oficial.
El episodio deja expuesta una vez más la brecha entre los jueces y la realidad: mientras la Justicia reclama respeto y credibilidad, sus propios actos siguen minando su legitimidad ante la sociedad fueguina.
