Escándalo en el Fin del Mundo: Las claves de la intervención del Puerto de Ushuaia por desvío de fondos y deterioro estructural
Lo que comenzó como un rumor de pasillos en la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego terminó por estallar en una intervención federal sin precedentes. El Puerto de Ushuaia, la joya estratégica del turismo antártico y la logística austral, se encuentra hoy bajo control de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tras una auditoría que reveló un panorama desolador: muelles al borde del colapso, registros financieros «dibujados» y un sistemático desvío de capitales.
El «Agujero Negro» de las Finanzas: El desvío a OSEF
El eje central de la Resolución 4/2026, que oficializó el desplazamiento de las autoridades locales, es el manejo discrecional de los ingresos portuarios. Según el informe técnico de Nación, la provincia de Tierra del Fuego desvió más de $6.000 millones de la Dirección Provincial de Puertos (DPP).
El destino de estos fondos ha generado una fuerte polémica. Gran parte de ese dinero fue redirigido a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) —cuyo titular es José Giacobbe— para cubrir deudas de la seguridad social provincial, y otros $4.000 millones se habrían utilizado para finalizar obras en un hospital, desatendiendo las necesidades básicas de la terminal marítima. Para la ANPyN, esto constituye una «irregularidad financiera grave», ya que los recursos generados por las tasas portuarias deben reinvertirse, por ley, en la seguridad y operatividad del puerto.
Infraestructura en «Riesgo Crítico»
Más allá de los números, las imágenes capturadas por los inspectores nacionales muestran una realidad física preocupante. A pesar del récord de recaladas de cruceros este verano, la estructura del puerto presenta:
• Deterioro Estructural: Fisuras en los pilotes principales del muelle y defensas obsoletas que ponen en riesgo el atraque de buques de gran porte.
• Falla en Sistemas de Seguridad: Ausencia de protocolos modernos para la operación simultánea de carga y pasajeros, sumado a una «falta de mantenimiento crónico» en las instalaciones de amarre.
• Carencias Tecnológicas: El puerto operaba con registros administrativos tercerizados a una empresa sin antecedentes ni habilitación, lo que dificultaba la fiscalización de los ingresos reales por servicios portuarios.
La Respuesta de Melella: Una demanda «en defensa del federalismo»
El gobernador Gustavo Melella no se quedó de brazos cruzados. Ayer, 28 de enero, la provincia formalizó una demanda ante la Justicia Federal para frenar lo que califica como una «intervención federal encubierta».
Desde el entorno del gobernador aseguran que la demanda no es solo una defensa política, sino una respuesta técnica que busca demostrar que los fondos utilizados para salud y previsión social fueron movimientos autorizados por leyes provinciales. Sin embargo, el costo de esta batalla legal ya empieza a pesar en las arcas de una provincia que, al mismo tiempo, enfrenta recortes nacionales en el subsidio del gas.
Ejes centrales del conflicto
La intervención se ha fijado inicialmente por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga si no se normalizan las cuentas. El punto más crítico del informe revela una desproporción alarmante en el uso del dinero: mientras se desviaba el 33% de los ingresos para otros fines, la inversión real en infraestructura portuaria apenas alcanzó el 1,3% del presupuesto anual.
Actualmente, el monto en disputa bajo investigación judicial ronda los $6.000 millones, lo que ha dejado a la provincia en un estado de vulnerabilidad legal mientras intenta recuperar la autonomía sobre su recurso más estratégico. El conflicto ahora se traslada a los tribunales, con un puerto que opera bajo vigilancia nacional y una temporada de cruceros que observa con incertidumbre el desenlace de esta puja de poder.
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