La abogada Valeria Carreras hizo la presentación en Comodoro Py. «Cuando ratifique la denuncia voy a ampliarla para que incluya al Presidente Milei, que habría incurrido en la misma conducta», dijo a Página/12. La voz de Sabsay y una a una las causas contra el Gobierno con marcha lenta en la Justicia.
El llamado a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires del diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza) avalado y redoblado por Javier Milei, tuvo una respuesta política del gobernador Axel Kicillof (ver aparte), y una denuncia penal en Comodoro Py por instigación a cometer delitos, en este caso el de desobediencia. También evasión. Desde que empezó su gobierno –incluso un poco antes también– Milei y personajes de su entorno han sido objeto de una decena presentaciones que en los tribunales federales porteños tramitan con total parsimonia. La única que había avanzado, contra el Protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich fue derrumbada por la Cámara Federal en poco tiempo.
El caso Espert-Milei
«No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Y no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy productor rural», había dicho Espert en una entrevista. En base a esas declaraciones la abogada Valeria Carreras presentó una denuncia que quedó a cargo del juzgado federal 9, que subroga María Eugenia Capuchetti. Milei, que busca asfixiar a la provincia sin mandar fondos, avaló al diputado y se despachó con frases tales como que Kicillof «viola la propiedad privada». «Cuando ratifique la denuncia voy a ampliarla para que incluya al Presidente Milei, que habría incurrido en la misma conducta», dijo Carreras a Página/12.
Para ilustrar la gravedad del asunto, la letrada mostró las repercusiones de lo que había dicho Espert, entre las que incluyó al abogado Daniel Sabsay –que no es precisamente un peronista– quien sostuvo que «es una irresponsabilidad que un ciudadano vele porque algo no se cumpla». Para el caso, dijo Sabsay, «hay abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario» y advirtió que quienes ocupan cargos públicos, a contramano de Espert, «deben velar para que se cumpla con las obligaciones».
Carreras agregó que los «dichos» de Espert «no son inocentes, por el contrario, apuntan a incitar a una población golpeada por el ahogo económico a que no pague tributos» y «afectan el orden público económico del estado provincial y la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales». Apunta a explicar que la discusión excede a la libertad de expresión. El diputado, insiste ella, «incita lisa y llanamente a los bonaerenses a perpetrar el delito de desobediencia (…) cuyas consecuencias podrían ser dejar sin recursos a la provincia de Buenos Aires», advierte el escrito, que subraya que la intención es debilitar un «modelo de Estado presente para los más débiles». Incitar a cometer un delito puede tener penas entre dos y seis años de prisión.
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