Gastos reservados: 17 de los 24 gobiernos provinciales manejan fondos que no rinden cuentas, ¿Qué pasa en Tierra del Fuego?
Son provincias donde aún hay gastos reservados u otros tipos de partidas sin control total de tribunales de Cuentas. La Nación también los conserva. Las figuras jurídicas que usan para evitar el escrutinio público. Es la primera investigación de RUIDO realizada con aportes de la audiencia. En Tierra del Fuego, ahora se los denomina gastos confidenciales, ya que la constitución prohíbe los gastos reservados y los únicos que controlan esto, son los dos vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia, los contadores, Carlos Pani, y Miguel Longhitano.
El 70 por ciento de las provincias de Argentina manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control, un contexto que puede propiciar eventuales casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.
La información surge de un relevamiento realizado por la red de periodistas que Ruido tiene en todo el país, financiado en parte por los aportes de su audiencia. La investigación detectó que 17 de las 23 provincias argentinas más CABA aún manejan algún tipo de esos fondos sin control.
Los gastos reservados son aquellas erogaciones de las administraciones públicas que, por razones de confidencialidad, permanecen ocultos al escrutinio público. Se trata, por lo general, de fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones policiales.
También existen otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mismos mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos.
Los principales hallazgos de Ruido fueron:
- El 70% de los gobiernos provinciales manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control total de los tribunales de Cuentas.
- Los «gastos reservados» aún figuran en 11 provincias argentinas.
- En 10 provincias existen además otros tipos de fondos que no rinden cuentas: figuras jurídicas como «fiduciarias», «agencias» o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública.
- Algunas provincias usan estas empresas para distribuir -y ocultar- el detalle de la pauta oficial.
- Sólo 5 provincias respondieron el pedido de acceso a la formación de RUIDO.
- La Nación, si bien inició un protocolo de reducción de gastos reservados, aún dispone de ellos. Sólo Presidencia de la Nación tiene un fondo de $ 650 millones presupuestado para 2023, en ese ítem.
- Esta falta de controles es un factor que propicia casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.
El mapa de los fondos reservados en Argentina
La figura de “Gastos reservados” propiamente dicha aún persiste en 11 provincias (45% del total), mientras que 10 (41%) tienen otros montos presupuestarios o agencias o sociedades estatales con fondos que no se rinden ante los Tribunales de Cuentas locales con los mismos mecanismos de control que otras partidas. Algunos distritos cuentan con ambas figuras.
Fiduciarias, agencias y «Sapem», una estrategia para esquivar controles
En muchas de las provincias existen organismos descentralizados que no efectúan rendiciones de gastos de la misma manera que el resto. Adquieren la forma de “fondos fiduciarios” (Chaco), “agencias” (Córdoba) o “Sapem” (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, como en San Luis o Tierra del Fuego) que, en la práctica, o tienen socios privados en porcentajes exiguos, o bien carecen de ellos.
Son entes que manejan gran parte de los presupuestos provinciales y que, a diferencia de los ministerios, sólo presentan balances y libros generales, pero no las rendiciones al nivel de detalle que exigen los tribunales de cuentas para toda la administración pública.
En los casos de San Luis y Salta, por ejemplo, distribuyen incluso la pauta oficial, sin que se puedan conocer destinatarios y montos.
Sin respuesta a pedidos de acceso a la información
Determinar si una provincia tiene gastos reservados u otros fondos con controles públicos laxos, y saber cuáles son esos montos, es una tarea difícil: la mayor parte de las administraciones provinciales carecen de información accesible. Muchas publican los presupuestos anuales, pero sólo con los rubros generales, lo que vuelve imposible saber a simple vista el detalle de tales gastos.
Además, apenas cinco de los 24 distritos nacionales (las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires) respondieron el pedido de acceso a la información presentado en agosto de 2023 por Ruido: Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos y Salta.
Igualmente, ello no significa que hayan brindado información útil en todos los casos.
En esos pedidos se solicitaba información sobre si existían gastos reservados -y en ese caso, los montos-, y sobre otros fondos no sometidos al mismo esquema de rendición que otras partidas en los tribunales de Cuentas locales.
Por lo general, los gastos reservados aparecen en los presupuestos bajo el ítem “Servicios no personales”, que en algunos casos sirve para ocultar partidas cuyo destino se desconoce.
Apoyo. Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo de la audiencia de RUIDO, en la primera experiencia de crowdfunding de este medio, mediante la cual personas de todo el país aportaron donaciones de 1.000, 3.000 o 5.000 pesos.
Gracias a esa colaboración se pudo realizar este relevamiento, que expone la existencia de fondos incalculables que escapan al control de cuentas, por lo que pueden convertirse en notables fuentes de corrupción.
El Gobierno nacional, con $ 650 millones de gastos reservados
La Nación también mantiene aún gastos reservados. Al comienzo de su administración, el presidente Alberto Fernández impulsó un nuevo protocolo para transparentar esos fondos, que en casos como los de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) eran casi el total del presupuesto.
Según la AFI, ya en enero de 2020, del 100% del presupuesto ejecutado ($ 125.146.235), el 95% ($119.875.962.75) revistió carácter “público”.
Eso fue así debido a la aplicación del decreto 52/2019, dictado por el Presidente apenas asumió.
Antes de esa fecha, la relación era inversa: casi la totalidad de los gastos eran de carácter secreto.
Actualmente, los gastos reservados representarían sólo el 9% del presupuesto de este organismo.
Ruido relevó en el presupuesto nacional 2023 las siguientes partidas de gastos reservados:
- Ministerio de Seguridad: $ 64.300.000.
- Presidencia: $ 650.000.000.
- Ministerio de Defensa: Hay seis ítems con $ 29.781.037, $ 7.602.896, $ 13.734.527, $ 4.352.750, $ 3.933.022 y $ 156.842.
- Poder Legislativo: $ 650.000.000.
La advertencia de los expertos: «Deben someterse a los máximos controles»
«Se debe partir de la premisa que la existencia de gastos reservados es, de por sí, contraria al sistema de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional. El sistema representativo y republicano implica ciertas garantías a la sociedad, no sólo en cuanto a la adecuada administración de los recursos públicos, sino sobre la obligación por parte de las autoridades de establecer los más eficientes mecanismos de rendición de cuentas», señala Germán Emanuele, consultor experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad; y exdirector de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano.
Agrega que los gastos reservados debieran estar afectados «a cuestiones específicas, ser sometidos a los máximos controles por parte de los órganos de auditoría (tanto internas como externas) y cumplir con las garantías consagradas en las normas de acceso a la información pública, en lo que respecta a su difusión y rendición de cuentas».
Al mismo tiempo, Emanuele afirma que los gobiernos «deben generar las condiciones para que la sociedad pueda conocer el origen y destino de los fondos reservados. Los principios y garantías en materia de acceso a la información pública exigen ciertas condiciones para que esos fondos se encuentren, igualmente, disponibles para el control por parte de la comunidad, ya sea mediante el sistema de tachas, a través de mecanismos de información que no pongan en riesgo cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, y siempre bajo el estricto control de daños y de interés público que se debe hacer en términos de si su divulgación pesa más que la necesidad de su reserva».
Tierra del Fuego: prohibidos, pero con excepciones
Si bien la propia Constitución de la provincia de Tierra del Fuego prohíbe expresamente la existencia de gastos reservados, algunas partidas del presupuesto destinadas a la adquisición de insumos, bienes o servicios para las fuerzas policiales poseen un tratamiento diferencial por parte del Tribunal de Cuentas y apenas se verifica que los gastos se correspondan con causas judiciales en trámite.
Santa Cruz, sin secretos
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz no tiene gastos reservados, confidenciales o de acceso ilimitado o restringido. Así surge de la respuesta al pedido de Acceso a la Información presentado por Ruido para este informe.
Río Negro: están previstos, pero aseguran que no hay
La provincia es una de las que tiene previsto, a través del decreto 1.214/22, el instrumento de los Gastos Reservados. Es la partida 392 del Manual de Clasificadores del Sector Público Provincial de Río Negro. Ahora bien: esa partida no está incluida en el Presupuesto 2023 de la provincia.
Neuquén, una de las que eliminó los gastos reservados
El 13 de diciembre de 1999, mediante el decreto Nº 48-1999, Neuquén eliminó la partida de gastos reservados.
Chubut: hay gastos reservados, pero no información
Los gastos reservados están contemplados en el presupuesto provincial de Chubut, y son una facultad que aún detenta el gobernador. La Provincia no respondió el pedido de acceso a la información presentado por Ruido, por lo que es imposible conocer el detalle de los mismos, o si hubo alguna modificación al respecto.
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