El Poder Ejecutivo Provincial, encabezado por Gustavo Melella, dejó sin efecto la suspensión de aumentos y se otorgó un incremento basado en el Escalafón Profesional Universitario (EPU). En contraste, para los empleados de la base de la Administración Pública solo se dispuso una línea crediticia del BTF para refinanciar deudas.
La letra chica del Decreto Provincial N° 2125, publicado en el Boletín Oficial N° 5911 de septiembre de 2025, despertó una ola de críticas en el ámbito gremial y político. La norma, firmada por el Ejecutivo, garantiza un nuevo incremento en los haberes de toda la cúpula política de Tierra del Fuego, incluyendo al Gobernador, ministros y secretarios.
La disposición, que lleva fecha del 28 de agosto y se oficializó el 5 de septiembre de 2025, es taxativa. El Decreto N° 2125 deja sin efecto los Decretos Provinciales N° 3117/23 y N° 1020/25; siendo este último el que precisamente mantenía congelado el traslado de aumentos a los funcionarios superiores del Gobierno.
El punto central que destrabó la suba de sueldos se halla en el Artículo 3°. Este establece que los incrementos que fueron concedidos al Escalafón Profesional Universitario (EPU) mediante resoluciones específicas del Tribunal de Cuentas (N° 31/2025, N° 52/2025 y N° 108/2025) ahora “tendrán impacto en los haberes de Funcionarios y Personal de Gabinete”. De esta forma, toda la planta política, que tiene un sueldo atado a un porcentaje del ingreso del Gobernador, verá engrosados sus ingresos a partir de la liquidación del mes de Septiembre de 2025.
El Ejecutivo provincial fundamentó la medida en los considerandos del decreto, argumentando la necesidad de no “menoscabar las remuneraciones” de dichos funcionarios. Esta justificación contrasta con la realidad económica de los trabajadores de la base, a pesar de que la misma norma reconoce la necesidad de “reorientar el gasto público” para fortalecer áreas vulnerables.
Para empleados: Desendeudamiento, pero sin aumento
Mientras se habilita la suba para los sueldos más altos, la respuesta del Gobierno a los reclamos de mejoras salariales de miles de trabajadores de la Administración Central, Salud, Educación y Seguridad fue un paliativo enfocado en el endeudamiento.
Se dispuso una línea crediticia en convenio con el Banco Tierra del Fuego (BTF), destinada a que los empleados puedan cancelar o refinanciar deudas preexistentes con más de 30 días de mora al 31 de agosto. Este crédito se ofrece con una tasa preferencial del 39,5% y un plazo de hasta 48 meses.
En resumidas cuentas, la gestión se inclina por garantizar el ingreso de la cúpula, mientras que para la mayoría de los estatales solo ofrece una “herramienta de desendeudamiento” que no implica un solo peso de aumento salarial genuino por parte del empleador. La decisión cayó como un baldazo de agua fría en el ámbito gremial, que viene denunciando no solo el ajuste, sino también el faltante de presupuesto para insumos hospitalarios y para mejorar el poder adquisitivo. La medida pone en evidencia el marcado divorcio entre el estamento político y la realidad del bolsillo de los trabajadores fueguinos.
About The Author
