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<\/a><\/p>\nLa presentaci\u00f3n fue realizada por el secretario general en Tierra del Fuego del Sindicato Uni\u00f3n del Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, y deriv\u00f3 en actuaciones de la autoridad portuaria nacional. Mientras avanza el expediente, aseguran que la operatoria del puerto se desarrolla con normalidad y advierten sobre una disputa pol\u00edtica de fondo. El Gobierno Nacional intervendr\u00eda para luego privatizar parcialmente su operatoria.<\/p>\n
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La posible p\u00e9rdida de autonom\u00eda del Puerto de Ushuaia qued\u00f3 en el centro de la escena institucional luego de una presentaci\u00f3n formal realizada por Juan Avellaneda, secretario general de la seccional Tierra del Fuego, Ant\u00e1rtida e Islas del Atl\u00e1ntico Sur del Sindicato Uni\u00f3n del Personal Superior Ferroviario. La denuncia cuestiona el uso de fondos de la Direcci\u00f3n Provincial de Puertos (DPP) para financiar a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y advierte que esa decisi\u00f3n podr\u00eda derivar en sanciones y una eventual intervenci\u00f3n nacional sobre la administraci\u00f3n portuaria.<\/p>\n
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Por otra parte, fuentes con acceso directo a la din\u00e1mica portuaria explicaron a este medio que el trasfondo del conflicto excede lo estrictamente t\u00e9cnico o administrativo y se inscribe en una fuerte tensi\u00f3n pol\u00edtica entre el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei y el Gobierno de Tierra del Fuego. Seg\u00fan esa interpretaci\u00f3n, la avanzada de la Naci\u00f3n sobre la administraci\u00f3n del Puerto de Ushuaia formar\u00eda parte de una estrategia m\u00e1s amplia orientada a tomar el control de activos considerados estrat\u00e9gicos, con el objetivo final de avanzar luego en su privatizaci\u00f3n.<\/p>\n
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En ese marco, se\u00f1alaron que el puerto de la capital fueguina aparece como un enclave clave por su rol log\u00edstico, tur\u00edstico y geopol\u00edtico, especialmente por su vinculaci\u00f3n con la actividad ant\u00e1rtica, lo que explicar\u00eda el inter\u00e9s del Gobierno nacional en intervenir su operatoria, en l\u00ednea con pol\u00edticas que ya se vienen aplicando sobre rutas, autopistas y centrales el\u00e9ctricas en distintos puntos del pa\u00eds.<\/p>\n
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En el mismo sentido, las fuentes consultadas indicaron que este escenario cuenta adem\u00e1s con el impulso de empresarios locales vinculados a la actividad portuaria, que ver\u00edan en una eventual intervenci\u00f3n nacional una oportunidad para redefinir el esquema de gesti\u00f3n y participaci\u00f3n privada en el puerto. A ello se suma el acompa\u00f1amiento de un sector de la dirigencia pol\u00edtica opositora al gobierno provincial, que habr\u00eda encontrado en este conflicto una v\u00eda para debilitar a la actual administraci\u00f3n fueguina y reconfigurar el control de uno de los principales activos estrat\u00e9gicos de la capital fueguina.<\/p>\n
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Ahora bien, seg\u00fan fuentes consultadas por este medio, la operatoria en el Puerto de Ushuaia se desarrolla con total normalidad. Incluso en el marco de una intensa temporada de recaladas de cruceros ant\u00e1rticos, el puerto continu\u00f3 trabajando sin inconvenientes, garantizando tanto la actividad comercial como el movimiento de pasajeros. De acuerdo a las mismas fuentes, no se registraron afectaciones en los servicios ni en la seguridad operativa, y las tareas habituales se desarrollan conforme a lo previsto, pese al contexto de incertidumbre administrativa.<\/p>\n
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En primer lugar, la presentaci\u00f3n impulsada por Avellaneda fue incorporada a un expediente que tramita ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegaci\u00f3n (ANPYN), donde se analiza el cumplimiento del convenio de transferencia del Puerto de Ushuaia de la Naci\u00f3n a la Provincia, firmado en 1992. Dicho acuerdo establece que los ingresos generados por la actividad portuaria deben ser contabilizados de manera independiente de las rentas generales provinciales y destinados exclusivamente a gastos de administraci\u00f3n, operaci\u00f3n e inversiones vinculadas al propio puerto.<\/p>\n
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Sin embargo, el conflicto se desat\u00f3 a partir de la sanci\u00f3n de la Ley Provincial N.\u00b0 1596, aprobada en julio de 2025, que habilit\u00f3 de forma excepcional la utilizaci\u00f3n del super\u00e1vit financiero de la Direcci\u00f3n Provincial de Puertos correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025 para fortalecer el financiamiento de la OSEF. Desde el sindicato denunciante se sostiene que esa decisi\u00f3n vulnera el esp\u00edritu y la letra del convenio Naci\u00f3n\u2013Provincia y compromete la capacidad del puerto para sostener obras de mantenimiento, reparaci\u00f3n e infraestructura estrat\u00e9gica.<\/p>\n
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A partir de la denuncia presentada por el secretario general del Sindicato Uni\u00f3n del Personal Superior Ferroviario en Tierra del Fuego, la ANPYN dio intervenci\u00f3n a distintas \u00e1reas t\u00e9cnicas, que coincidieron en advertir que la falta de disponibilidad de los fondos propios del puerto podr\u00eda afectar seriamente su desarrollo y su operaci\u00f3n segura. En ese sentido, se remarc\u00f3 que el Puerto de Ushuaia cumple un rol estrat\u00e9gico para el pa\u00eds por su conexi\u00f3n bioce\u00e1nica, su proximidad a la Ant\u00e1rtida y su importancia para el comercio exterior y el turismo internacional.<\/p>\n
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Posteriormente, la autoridad portuaria nacional intim\u00f3 a la Direcci\u00f3n Provincial de Puertos y al Gobierno fueguino a realizar el correspondiente descargo y acreditar el cumplimiento de la cl\u00e1usula financiera del convenio. No obstante, seg\u00fan consta en las actuaciones, las respuestas brindadas no lograron desvirtuar las observaciones formuladas, lo que motiv\u00f3 inspecciones t\u00e9cnicas realizadas entre fines de septiembre y comienzos de octubre.<\/p>\n
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En ese marco, la ANPYN avanz\u00f3 con la posibilidad de una intervenci\u00f3n administrativa del Puerto de Ushuaia, con el objetivo declarado de regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el d\u00e9ficit de infraestructura detectado, asegurando al mismo tiempo la continuidad de los servicios portuarios durante un plazo inicial de doce meses, prorrogable por acto fundado.<\/p>\n
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