Crisis institucional en Tolhuin: concejales piden interpelar a un funcionario del Municipio
Alejandro Solís, secretario de Legal y Técnica del Municipio de Tolhuin, deberá dar explicaciones públicas el 6 de octubre por “ocultar información, desacreditar al cuerpo deliberativo y condicionar el pago de sueldos”. El Concejo aprobó una resolución que carga de severas críticas al funcionario.
El Concejo Deliberante de Tolhuin y el Ejecutivo municipal atraviesan un nuevo y agudo capítulo de confrontación. En medio de un clima político que se calienta, los ediles decidieron citar a una interpelación pública al secretario de Legal y Técnica, Alexis Solís, a quien acusan de una serie de acciones que, aseguran, “afectan gravemente la institucionalidad democrática”.
La medida, aprobada por resolución, surge como respuesta a lo que los concejales describen como un silencio prolongado del funcionario ante pedidos de información y por declaraciones públicas que, en su visión, “desacreditan y descalifican” la labor del cuerpo legislativo.
Los ejes del conflicto
El malestar se acumula por varios frentes. El Concejo denunció que múltiples solicitudes de información fueron ignoradas o respondidas de manera incompleta, lo que impide ejercer el rol de control. A esto se suma el envío por parte del Intendente de un proyecto de ordenanza que solicita más presupuesto, pero que genera rechazo por dos motivos centrales: la derogación de normas con «fuerte valor social» y, lo que es considerado más grave, el condicionamiento del pago de los haberes del personal del propio Concejo a la aprobación de ese paquete económico.
Una interpelación “áspera”
La interpelación, fijada para el 6 de octubre a las 12 horas, promete ser un encuentro de alta tensión. Los concejales adelantaron que solicitarán explicaciones detalladas sobre:
-La falta de respuesta a resoluciones oficiales.
-Los ataques públicos contra el Concejo y sus integrantes.
-El polémico condicionamiento del pago de sueldos a la aprobación de la ordenanza presupuestaria.
-La intención de derogar ordenanzas que se encuentran en plena vigencia.
-El estado de las denuncias contra el Municipio y los expedientes judiciales en curso.
Como paso previo, el cuerpo deliberativo estableció como fecha límite el 3 de octubre para que Solís presente por escrito toda la documentación requerida, debidamente certificada y firmada.
Con esta decisión, el Concejo dejó en claro que no está dispuesto a tolerar lo que interpreta como un avance del Ejecutivo sobre su autonomía y sus funciones. Este cruce anticipa una sesión que podría marcar un punto de quiebre en la convivencia institucional de la ciudad mediterránea.
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