Gobernar en emergencia permanente: cuando se administra la crisis pero se evita la causa
Las declaraciones del gobernador Gustavo Melella frente a la eliminación de aranceles a la importación de celulares vuelven a poner en primer plano una lógica que atraviesa su gestión: un Estado que reacciona frente a cada golpe externo, administra la urgencia y apela a la contención social, pero evita discutir en profundidad las causas estructurales que explican la fragilidad del modelo productivo fueguino.
La entrada en vigencia del decreto nacional 333/25 encontró al gobernador en un registro conocido. Con tono grave, Melella advirtió que “tras cada aumento de importaciones hay un trabajo argentino menos” y trazó un vínculo directo entre la medida nacional y la pérdida de empleo en Tierra del Fuego. El mensaje como siempre emocional y tratando que sea eficaz para ordenar el relato. Que también fue incompleto.
La provincia no llegó a esta situación por un decreto. La caída del empleo, que el propio mandatario reconoce como más profunda que en el promedio nacional, no puede explicarse solo por decisiones tomadas en Buenos Aires. Cuando Tierra del Fuego pierde más puestos de trabajo que el resto del país, el problema deja de ser exclusivamente externo y pasa a interpelar de lleno a la gestión local.
Durante años, la economía fueguina funcionó bajo un esquema de protección excepcional. Ese régimen tenía un objetivo implícito: ganar tiempo para diversificar, innovar y construir una matriz productiva más robusta. El tiempo pasó. Los beneficios también. Y el resultado es una estructura que sigue dependiendo de que nada cambie para no entrar en crisis.
Cada modificación en las reglas expone la misma debilidad. La reacción política es inmediata: alarma, advertencias, llamados a defender el empleo. Pero rara vez aparece una autocrítica sobre lo que no se hizo mientras el modelo estuvo protegido. La emergencia se explica, se comunica y se administra. La causa, en cambio, permanece intacta.
Melella sostiene que su gobierno no se queda de brazos cruzados. Habla de reformas, de inversiones y de nuevos polos productivos. Sin embargo, esos anuncios todavía no logran traducirse en una economía menos vulnerable ni en un mercado laboral capaz de resistir cambios de contexto. La contención social avanza, pero como respuesta tardía, no como consecuencia de un desarrollo sostenido.
Administrar la emergencia puede ser inevitable en ciertos momentos. El problema aparece cuando se convierte en el modo habitual de gobernar. Cuando la política se organiza alrededor de la urgencia, pierde capacidad de anticipación y renuncia a transformar lo que no funciona. La crisis deja de ser un accidente y pasa a ser el escenario permanente.
Con altura política, el debate que debería abrirse va más allá de un decreto puntual. Tiene que ver con revisar un modelo que muestra señales de agotamiento y con asumir que señalar siempre hacia afuera no alcanza. Defender el trabajo fueguino exige algo más que resistencia discursiva: exige decisiones de fondo, planificación real y la voluntad de desactivar las causas, no solo de administrar sus consecuencias.
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