La concejal Belén Montes de Oca destacó los beneficios de adherir al RIGI
“Los vínculos público-privados han demostradoen el mundo que funcionan”
La concejal de Juntos por el Cambio Belén Montes de Oca se refirió en el programa ‘Buscando el Equilibrio’
por Radio Provincia a la aprobación del Concejo Deliberante de Ushuaia de la adhesión al régimen de incentivo a las
grandes inversiones, en la sexta sesión ordinaria celebrada el jueves 29 de agosto.
Votaron por la afirmativa los concejales Nicolás Pelloli (PJ), Yésica Garay (PJ), Laura Ávila (PJ), Gabriel De la Vega (PJ),
Fernando Oyarzún (FORJA) y Analía Escalante (FORJA); y por la negativa los concejales Vladimir Espeche (MPF), Valter
Tavarone (Somos Fueguinos) y Daiana Freiberger (PJ).
Hasta ahora es el único municipio de la provincia que adhirió al régimen de incentivo a grandes inversiones, y
“consideramos muy positivo el acompañamiento de los concejales que votaron a favor, que no solamente es una adhesión
al RIGI sino que se crea un régimen municipal de iniciativa privada, para aquellos inversores privados que por iniciativa
propia o del municipio, puedan venir a invertir a la ciudad”, dijo.
“Cuando no hay plata hay que ser creativos y mi propuesta tuvo que ver con esto. En todo el país y en los municipios se
trata de buscar aquellos incentivos para que los privados puedan invertir y darles seguridad jurídica y fiscal a esos
inversores”, señaló, por lo cual quedan habilitados “todos los que quieran venir a aportar a la ciudad, generando empleo,
con obras que no está en condiciones de hacer la municipalidad”.
Destacó que “se aprobó por mayoría agravada, de 7 votos contra 3. Votó el bloque de FORJA, el bloque del PJ dividido, y
con mi voto se reunieron los siete necesarios para adherir. Es importante dar seguridad jurídica y fiscal a los inversores y
nosotros pensamos que esto trae empleo, por eso lo vemos muy provechoso. Lo que hicimos fue aprobar una
herramienta más para que existan ese tipo de iniciativas. El régimen contempla la normativa básica, porque se prevé la
obligatoriedad de llamado a concurso público, una vez que se declara que la iniciativa es necesaria para la ciudad”.
Consultada sobre el pedido de veto de la asociación Mane’kenk, que considera esta aprobación “una entrega a nuestros
bienes comunes que avasalla derechos constitucionales”, aseguró que “recibimos más mensajes con relación a lo
beneficioso que es para la provincia, que opiniones negativas. Las agrupaciones pueden manifestarse a favor o en contra,
en el caso de Mane’kenk siempre es en contra de todas las propuestas que surgen, no solamente de nosotros sino de
todas las fuerzas políticas. No podemos negarnos a todo, no podemos negarnos a la inversión, que es un paso importante
para proteger los intereses que estas asociaciones protegen. Cada uno está en libertad de opinar y vamos a escuchar lo
que tienen para decir. No sé por qué plantean el veto, espero que hayan leído el proyecto, pero estamos acostumbrados a
este tipo de negativas por la negativa misma”, lamentó.
“Nos falta mucha infraestructura, la conectividad con la Antártida y hay muchos empresarios que están dispuestos a invertir para que esto suceda. En turismo somos un polo espectacular pero nos falta muchísimo. Todo lo que sean proyectos relacionados con alojamientos e infraestructura turística van a ser fundamentales. Esto no viene atado a una empresa en particular, sino que es un régimen general para que vengan todas las empresas que quieran, y nos dejen
infraestructura adecuada y mano de obra que se puede emplear, algo que hoy no puede hacer el Estado. Los vínculos
público-privados han demostrado en el mundo que funcionan”, subrayó.
Aclaró que “en el régimen que votamos, una vez que el privado presenta el proyecto, el Estado va a controlar la viabilidad
y factibilidad de ese proyecto. Uno de los puntos que se aprobaron tiene que ver no solamente con la idea sino con una
serie de condiciones que el Estado tiene que exigirle al privado. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el
cuidado ambiental, con la factibilidad técnica, y está todo contemplado. Los que se han expresado en contra del proyecto,
es importante que antes de tomar una determinación lo lean con tranquilidad para saber de qué se trata”, recomendó.
“El Estado no se va a retirar y no va a dejar de controlar. Para que ingrese un proyecto se tiene que cumplir con una serie
de requisitos y entre ellos están las cuestiones ambientales”, reiteró.
Mencionó que “el resto de las ciudades están adhiriendo a los capítulos que tienen que ver con la inversión y con la
seguridad jurídica que se va a otorgar. Esos capítulos se refieren a los beneficios fiscales para los inversores y el tipo de
inversión, en turismo, en infraestructura, en tecnología, en energía, petróleo, gas. Son proyectos de gran envergadura,
que son muy necesarios”.
Ampliación del presupuesto
Con respecto a la ampliación de presupuesto en tres mil millones de pesos, que otorgó el gobierno provincial para
pavimentación, explicó que “la provincia le va a transferir ese dinero a la municipalidad con un fin específico, que es
exclusivamente para arreglar las calles de la ciudad. Es un montón de dinero pero el estado en que se encuentra la
ciudad y los costos de asfaltar son altísimos, por lo que aprobamos este convenio y también aprobamos la emergencia
vial. Salió por unanimidad porque necesitamos de forma urgente arreglar la situación de la ciudad. Habilitamos al
municipio a que pueda destinar partidas específicas con ese ingreso. Es una suma enorme, pero lo cierto es que el
aumento del costo del asfalto es también enorme”, planteó.
“El municipio tiene maquinarias y está el pedido hecho para ver en qué estado se encuentran. Posiblemente no sean
suficientes, por lo tanto el municipio tendrá que salir a contratar, y estaremos muy atentos a eso. No significa que no
vayamos a controlar en qué se gasta el dinero de la municipalidad. Esperamos pronto ver las máquinas en la calle y
estaremos atentos al control”, se comprometió.
Ecotasa y Uber
En cuanto a la Ecotasa, por ahora no es una prioridad. “El proyecto está en comisión, tuvimos varias reuniones para
discutir el tema y se invitó a participar a las cámaras, pero por ahora priorizamos otras cuestiones”, manifestó al respecto.
En el caso de Uber, recordó que “en abril presentamos la derogación de los dos artículos que observó la jueza correccional y consideró inconstitucionales, y también presentamos en abril la regulación de las plataformas para el transporte. Es un tema que para nosotros es central y está en comisión. Estamos insistiendo muchísimo para que se regule esta situación y parte de nuestros fundamentos fueron los puntos a los que hizo referencia la jueza, que son el derecho a trabajar y el derecho a elegir cómo transportarse. No queremos que nadie se vea perjudicado por esto y que todos puedan trabajar. La realidad es que las plataformas no van a dejar de funcionar y, si no lo regularizamos, en poco tiempo vamos a tener otras plataformas que van a poder trabajar y la jueza ya lo dijo. También hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, así que no resiste mayor análisis. O nos sentamos a regularizar esto, o va a llegar un momento en
que no vamos a poder controlar la situación. Como promotores del proyecto de Uber recibimos muy buenas críticas y
también hay taxistas y remiseros que hoy están usando estas herramientas para trabajar”, concluyó.
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