La Motosierra Libertaria arrasa con el sueño de la vivienda propia.
Por: Mario Daniele
La eliminación de la Secretaría de Hábitat y Vivienda por parte del gobierno nacional no es meramente un ajuste administrativo más, representa el desmantelamiento deliberado de una política de Estado que durante décadas fue un pilar fundamental para el desarrollo social argentino.
Como ex presidente del Instituto Provincial de la Vivienda de Tierra del Fuego, he sido testigo directo de cómo el acceso a la vivienda digna transformó la vida de generaciones enteras de Fueguinos, donde el Estado fue el principal artífice de la expansión urbana planificada.
El actual gobierno, en su cruzada ideológica contra todo lo estatal, parece ignorar (o peor aún, despreciar) una realidad innegable: en la Patagonia, más del 70% de las viviendas existentes se construyeron gracias a programas como el FONAVI, Procrear y diversos planes provinciales. No hablamos de números abstractos sino de hogares concretos, de familias que pudieron arraigarse en una de las regiones más desafiantes del país, contribuyendo a su desarrollo y soberanía.
La transformación del barrio Río Pipo en Ushuaia y el desarrollo integral de Chacra 13 en Rio Grande por ejemplo, son testimonios tangibles de cómo la intervención estatal planificada puede generar verdaderos polos de desarrollo urbano y social.
Durante mi gestión en el IPV, implementamos distintos programas innovadores, como por ejemplo el programa de vivienda progresiva que con su garantía de un núcleo húmedo básico inicial, permitía a las familias más vulnerables comenzar a construir su futuro de manera gradual pero segura.
Los números que hoy enfrentamos son devastadores: 103.367 obras frenadas y más de 1.800 convenios paralizado. Esto no solo representa sueños truncados, sino un golpe letal a la economía real. Cada vivienda en construcción genera al menos ocho puestos de trabajo, entre directos e indirectos. El actual desmantelamiento no solo destruye el anhelo de la casa propia, sino que desarticula toda una cadena productiva que incluye desde grandes industrias hasta pequeños proveedores locales, en un momento donde la economía nacional más necesita de motores de crecimiento y empleo.
En un contexto donde el metro cuadrado supera los 2.000 dólares, la eliminación de la política habitacional estatal equivale a condenar a la marginalidad perpetua a millones de argentinos. El mercado, librado a su propia lógica, jamás podrá resolver el déficit habitacional de las familias de ingresos medios y bajos. La experiencia internacional demuestra que incluso las economías más liberales mantienen robustos programas estatales de vivienda, reconociendo que el acceso a un hogar digno es fundamental para la estabilidad social y el desarrollo económico sostenible.
Este desmantelamiento no es producto de la impericia o la improvisación: responde a una visión ideológica que pretende mercantilizar hasta los derechos más básicos. Es la misma lógica que durante el macrismo sostenía que «te hicieron creer que podías irte de vacaciones», pero llevada a un extremo más perverso, ahora intentan convencernos de que el derecho a la vivienda es un lujo prescindible, una aspiración ilegítima para las mayorías populares.
La historia nos enseña que las sociedades más prósperas y estables son aquellas que garantizan el acceso universal a la vivienda digna. Argentina supo construir, con sus programas habitacionales, un modelo de integración social que fue ejemplo en toda América Latina. Permitir su destrucción no solo es una tragedia social inmediata, es hipotecar el futuro de varias generaciones.
Tristemente, el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio, cuando debería ser un derecho fundamental garantizado e innegociable.
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