El Consejo Federal Pesquero volvió a reunirse y, a pesar de que la actualización de los Derechos de Extracción estaba como primer tema en el temario, este no figuró en el acta publicada en la tarde de ayer por falta de consenso. Piden que antes se defina la cuotificación de la merluza.
Los representantes del Ejecutivo junto al subsecretario de Pesca, Juan Manuel López Cazorla, llegaron con un excel a partir del cual intentaron convencer a los consejeros de que el aumento del 2,5% de los Derechos Únicos de Extracción era muy generoso, dado que según sus cálculos debería aplicarse un 5%.
Sin embargo, a la hora de fundamentar, no lograron ser convincentes dado que el cálculo contemplaba un aumento del precio de los productos pesquero promedio del 10% pero no el atraso cambiario y el aumento de los costos, lo que cambia completamente los cálculos.
El único apoyo que cosechó el Ejecutivo fue la provincia de Río Negro, mientras que las provincias de Buenos Aires y Chubut fueron las que se opusieron con mayor convicción. La representante bonaerense y el chubutense pusieron de manifiesto la delicada situación de las empresas pesqueras que en varios casos no podrán afrontar un aumento generalizado del 2,5% y pidieron en primer lugar un análisis pormenorizado por especie y sector.
El consenso para aplicar el 2,5% existiría sólo para especies de alto valor como la merluza negra o la centolla, pero para el langostino, en función de la rentabilidad que han tenido las empresas, se propone un aumento de un 10% sobre el valor que hoy pagan y para el caso de la merluza proponen un tratamiento diferenciado entre el producto congelado a bordo y el de tierra, siendo que en este último caso la situación de las empresas es sumamente delicada.
Por el momento no están los votos para aplicar un valor de forma transversal a todas las especies y se deberá seguir discutiendo, pero además la gran mayoría está de acuerdo en que más prioritario que los DUE, es resolver la redistribución de cuota de merluza hubbsi, dado que los tiempos apremian para poder cumplir con los pasos administrativos, una vez concluido el proceso, para que las empresas puedan salir a pescar en 2025.
La representante de Buenos Aires, Carla Seain, requirió a la Autoridad de Aplicación que eleve al Consejo los antecedentes administrativos con los que se trabajó durante el año y con los que se había logrado avanzar el proceso de cuotificación de la merluza común.
“Ello así con el propósito de culminar el mencionado proceso, tomando una decisión al respecto en el ámbito de este Consejo Federal y así evitar demoras que perjudican al sector en su conjunto puesto que se genera un estado de incertidumbre, el que ya ha sido manifestado por las cámaras pesqueras y las asociaciones gremiales del sector y, asimismo, de otros sectores productivos directamente vinculados y dependientes del pesquero”, señaló la representante bonaerense.
Por su parte Gustavo Martínez, representante de Santa Cruz, insistió con la posición de la provincia: otorgamiento de 30 mil toneladas de cuota social para Santa Cruz, que surgirían de la reducción de la concentración empresarial de cuota del 15% al 10% como fue establecido originalmente.
“A la fecha no se ha trabajado en los talleres puntualmente sobre lo solicitado” reclamó el consejero; y a pesar de que precisamente este es uno de los puntos que complicaron la resolución del tema, señaló “que esta definición debe tomarse con premura a efectos de no entorpecer el normal funcionamiento del sector”.
Según informan desde el seno del Consejo, no quedarían más de diez días para definir la cuotificación de la merluza si lo que se busca es no entorpecer el normal funcionamiento de la actividad. Una vez definido el reparto, se deberá esperar la publicación en el Boletín Oficial y a partir de allí las empresas tendrán quince días para aceptar o reclamar por lo recibido. Todo ello dejaría a la administración en las puertas de 2025, momento en el que las cuotas ya se encontrarían vencidas y sin posibilidad de despachar los barcos a la pesca.
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