La embarcación fue sorprendida con merluza negra en sus bodegas, una especie protegida y altamente cotizada, para la cual no tenía permiso de captura. Esa carga, minimizada por la empresa que salió a difundir que se trató de pesca incidental, debido al método de arrastre que practica, resultó ascender, según se conoció, a la friolera de 163 toneladas de la especial prohibida.
El descubrimiento desencadenó una serie de eventos desafortunadas, que se coronó con la renuncia del hasta ahora director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, quien acusó presiones de Cancillería a favor del empresario chino/ushuaiense.
Suárez, quien ocupaba su cargo desde la gestión anterior, presentó su dimisión indeclinable luego de recibir una llamada supuestamente intimidatoria de un alto funcionario de Cancillería, identificado como Pablo Ferrara Raisberg, coordinador General en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Ferrara, a quien se vincula estrechamente con la canciller Diana Mondino, habría cuestionado el procedimiento de control del buque Tai An y ordenado que este no regresara al puerto, a pesar de las evidencias de pesca ilegal.
Empresas del sector pesquero, como Argenova, Estremar y Pesantar, fueron las que denunciaron las irregularidades en la pesca del Tai An, lo que ha llevado a una investigación en la que se han involucrado diversas autoridades gubernamentales. El subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, mantuvo una reunión reciente con los responsables de la empresa involucrada en la captura de miles de kilos de merluza negra, lo que genera aún más interrogantes sobre la influencia política en el caso.
Desde el lado de Prodesur, su abogada en Tierra del Fuego, desestimó las acusaciones y sostuvo que se trató simplemente de una captura accidental y que la empresa se ajusta a las operatorias en alta mar vigentes. A su vez, resaltó que se trata de una empresa de capitales argentinos que invierte en la región y que genera la contratación de mano de obra nacional.
Hasta el momento, ni Cancillería y el propio Pablo Ferrara Raisberg no han emitido comentarios sobre las acusaciones vertidas en su contra, mientras que las empresas afectadas evalúan llevar el caso a instancias judiciales superiores.
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